El fiscal coordinador de Seguridad Vial ha avisado que quienes manipulen los tacógrafos de los vehículos de transporte de personas y mercancías pasarán a cometer una infracción penal, en vez de administrativa, que podrá ser castigada con hasta tres años de cárcel por falsedad de documento público.
Todo ello llega después de que el Tribunal Supremo haya sentenciado que la alteración de estos datos debe ser castigada como una falsificación, en la que no sólo los conductores estarán implicados, también se perseguirá a los “cooperadores necesarios”, poniendo el foco en los directivos y encargados de cada empresa.